jueves, 1 de marzo de 2012

La expropiación petrolera: III Efectos inmediatos

Las represalias por la expropiación de la industria petrolera no se hicieron esperar. Las compañías petroleras y el gobierno de los Estados Unidos emprendieron varias medidas, tanto diplomáticas como económicas, para obligar a México a dar marcha atrás. No obstante las presiones, el gobierno mexicano supo manejar la situación y las compañías expropiadas terminarían por negociar la liquidación.

Posiciones encontradas

El gobierno de México argumentaba que la expropiación se había llevado a cabo dentro de la ley y que el país tenía la intención de indemnizar a los afectados. Según la ley de expropiación, promulgada en 1936, la liquidación a las empresas se llevaría a cabo en el plazo de diez años.

Dos puntos eran importantes: la compensación no podía incluir el combustible aún en el subsuelo ya que, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, el petróleo era propiedad de la nación desde 1917. Por otro lado, el pago de la deuda debería ser en especie, es decir, con exportaciones de petróleo, pues el país no contaba con divisas para hacer un pago en efectivo.  

La posición de las empresas afectadas fue opuesta. En principio se negaron a reconocer la legalidad de la medida. En caso de que no se les restituyeran sus propiedades exigían una compensación inmediata y no en especie. Las empresas añadían que cualquier compensación debería incluir el petróleo del subsuelo. Como era de esperar, las empresas pidieron a sus gobiernos que no reconocieran la legalidad de la expropiación.

La posición del gobierno de los Estados Unidos fue un tanto contradictoria. El presidente Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar el petróleo. En cambio, el Departamento de Estado no aceptó el plazo de los diez años y asumió una postura más rígida. El embajador norteamericano, en México, era partidario de que las empresas aceptaran los términos de México para negociar, pues no era conveniente obstruir las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica a las puertas de un conflicto internacional de mayor envergadura.

Por su parte, el gobierno británico, envió una enérgica protesta al gobierno mexicano, situación que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El boicot internacional

Desde el mismo mes de marzo de 1938, el gobierno de Washington presionó para que México llegara a un arreglo que beneficiara a las empresas. Las medidas que tomó el Departamento de Estado norteamericano fueron:

a.   Se trató de impedir  que México adquiriera insumos y refacciones para mantener la industria recién nacionalizada.
b.   Se estableció una campaña internacional para cerrar los mercados al petróleo mexicano. Estas medidas fueron minimizadas porque hubo dos empresas norteamericanas que aceptaron vender petróleo mexicano en Europa. Por breve tiempo, Alemania e Italia compraron petróleo mexicano.
c.   Estados Unidos disminuyó la compra de plata mexicana en más del 50% a partir de 1938. Si las ventas no se suspendieron en su totalidad fue porque los propietarios de las minas mexicanas también eran norteamericanos.
d.   Se forzó a países del Caribe a dejar de comprar petróleo mexicano.
e.   Se impidió que el gobierno y empresas de México tuvieran acceso al capital norteamericano, privado o público. Esta  medida pretendía mantener con pocos recursos al gobierno de Cárdenas.

La solución del conflicto petrolero

A pesar de las medidas de presión que padeció el país, el presidente Cárdenas no cedió en las negociaciones. Los visos de solución se dieron gracias a que el grupo norteamericano Sinclair –que representaba el 15% de la inversión petrolera expropiada- inició por su cuenta una negociación con el gobierno de México.

Para el 1 de mayo de 1940 se firmó el acuerdo entre el grupo Sinclair y el gobierno. México aceptaba pagar unos catorce millones de dólares que serían pagados a plazos, con parte en efectivo y parte en petróleo.

El arreglo final del conflicto con las empresas petroleras continuó hasta después del régimen cardenista, aunque en ese periodo se sentaron las bases para la resolución del conflicto.

Durante el gobierno de Ávila Camacho, tras largas negociaciones, se llegó al acuerdo de crear una comisión valuadora intergubernamental. En abril de 1942 la comisión entregó sus  recomendaciones y el Departamento de Estado norteamericano instó a las empresas a aceptar la propuesta de pago de la comisión. La última empresa norteamericana en aceptar fue la Standard Oil, quien lo hizo hasta 1943. Con esto se dio por terminado el asunto de la expropiación petrolera
 

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