jueves, 23 de febrero de 2012

La expropiación petrolera: II El conflicto laboral de 1938

El choque definitivo del gobierno contra las compañías petroleras no surgió, como era de esperarse, por la disputa legal en torno a la propiedad del subsuelo, sino en un enfrentamiento entre las empresas y los obreros. El conflicto de las empresas petroleras con sus trabajadores, sin visos de solución, hizo necesaria la intervención del gobierno. El presidente Lázaro Cárdenas sería un elemento primordial en la resolución del problema.  



                                                  Lázaro Cárdenas
                                                 (www.es.wikipedia.org)


Las demandas de los obreros

En busca de mejorar su situación laboral los sindicatos de obreros petroleros buscaron formar una agrupación única. Alentados por la política cardenista, en 1935, los principales líderes sindicales de las compañías petroleras se unieron para crear el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Apoyados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pronto emprendieron la tarea de negociar un contrato colectivo de trabajo.

El sindicato pedía, además, un incremento salarial de 65 millones de pesos anuales. Las empresas negaron el aumento y el gobierno tuvo que intervenir para evitar una huelga, en mayo de 1937, por considerar que la posible falta de combustible afectaría la industria nacional.

Tratando de solucionar el problema, el gobierno ordenó la creación de una comisión que investigara la situación económica de las empresas para dictaminar si éstas podían o no satisfacer las demandas obreras. Era la primera vez que las autoridades mexicanas investigaban de tal manera a los consorcios extranjeros.

El informe emitido por la comisión constaba de 2700 cuartillas en las que se documentaba las consecuencias negativas de haber entregado el petróleo al capital extranjero. En cuanto al veredicto sobre el conflicto salarial se determinó que las empresas estaban en condiciones de otorgar un incremento mayor al que estaban ofreciendo, aunque menor a la demanda sindical.

Cárdenas y la expropiación petrolera

Para el 1 de marzo de 1938 el problema aún no se solucionaba, la Suprema Corte de la Nación dictaminó que las empresas debían acatar el veredicto de la comisión revisora. En franca rebeldía, las empresas se negaron a acatar las leyes mexicanas. Si el gobierno de Cárdenas no las obligaba a obedecer el prestigio y la credibilidad  del gobierno quedarían en entredicho.

La idea de que la nación debía obtener beneficios por la explotación petrolera estaba extendida en el medio político de México. Por su parte, el presidente Cárdenas mantenía una actitud optimista acerca de las afectaciones que sufriría México en caso de proceder a la expropiación de los bienes petroleros. Atento a la situación internacional sabía que Estados Unidos no se atrevería a tomar medidas drásticas en caso de ver en peligro los intereses económicos de sus conciudadanos.


De última hora las empresas petroleras accedieron a obedecer el mandato del gobierno, pero el presidente ya no dio marcha atrás en su decisión. La noche del 18 de marzo las radiodifusoras interrumpieron su programación habitual para encadenarse con la transmisora oficial del gobierno.

En un mensaje dirigido a la nación entera el presidente Lázaro Cárdenas hizo saber que se expropiaban los bienes de las dieciséis empresas petroleras que se habían negado a acatar las leyes mexicanas. Esta era una decisión histórica que traería grandes beneficios para México, pero que en el corto plazo causaría una crisis entre México y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra.

  

lunes, 13 de febrero de 2012

La expropiación petrolera. I Los antecedentes


Como sabemos, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera. Este acontecimiento, trascendental en la historia de nuestro país, no constituyó un hecho aislado, fue la culminación de una serie de acciones y reformas a la legislación que los gobiernos posrevolucionarios realizaron para que México recuperara la soberanía sobre su riqueza natural y mineral.


Las concesiones petroleras

Durante la larga gestión porfirista, el gobierno mexicano, con el afán de incentivar la economía, otorgó todo tipo de facilidades a empresarios extranjeros para la explotación de los mantos petrolíferos descubiertos en el país. Excepto el impuesto del timbre, las empresas no realizaban ningún pago al gobierno por extraer el petróleo y exportarlo.

Según Berta Ulloa, la industria petrolera adquirió verdadera importancia económica a partir de 1910. Entre las varias empresas que se asentaron en el país destacaron dos: la compañía inglesa El Águila, dirigida por Weetman Pearson, y la corporación norteamericana Mexican Petroleum of Delaware, a cargo de Edward L. Doheny.

Aunque desde las postrimerías del régimen de Díaz hubo congresistas conscientes de la situación, fueron los gobiernos emanados de la Revolución quienes -conocedores del potencial económico que representaba el petróleo-  se dieron a la tarea de recuperar para México la riqueza del subsuelo nacional.

Los primeros pasos

Francisco I. Madero, en su breve periodo de gobierno, tuvo que enfrentar una verdadera crisis internacional al decretar, en 1912, un impuesto a la producción de petróleo crudo de tan sólo 20 centavos de peso -diez centavos de dólar- por tonelada extraída.

Venustiano Carranza, con la proclamación del Plan de Guadalupe, ya prometía revisar la legislación y reglamentar la explotación de "minas, petróleo, bosques y demás recursos del país..."

Las medidas que se tomaron durante el gobierno preconstitucional de Carranza fueron muy importantes: se creó la Comisión Técnica del Petróleo y se impuso un gravamen a las exportaciones petroleras -llamado "derecho de barra"- de 6.85 pesos en oro nacional por tonelada, que fue pagado bajo protesta por las compañías extranjeras.

El decreto constitucional

La culminación de la obra de Carranza quedó plasmada en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que declara que los depósitos petroleros son propiedad de la Nación.

A partir del decreto constitucional el conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas se agudizó y en los siguientes doce años se discutió la cuestión de si la ley afectaba las concesiones otorgadas a las empresas antes de 1917.

Como quiera, el gobierno siguió dando pasos para recuperar el petróleo, en 1928 se realizó un acuerdo entre el presidente Calles y el embajador Morrow, que desembocó en una ley petrolera que reconocía el principio de la no retroactividad de la ley. Años después, en 1936, el Congreso mexicano aprobó una ley de expropiación por medio de la cual el gobierno podía nacionalizar cualquier tipo de propiedad.

Hacia 1937 la compañía inglesa de El Águila -con la desaprobación de las empresas norteamericanas- llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano para explotar unos yacimientos en la zona de Poza Rica. En el acuerdo se reconocía el derecho de la nación mexicana sobre todos los yacimientos de hidrocarburos y la compañía aceptaba pagar regalías a México hasta del 35% del valor de la producción.

Este fue, sin duda, un gran avance en la lucha del gobierno por reafirmar su control sobre el petróleo, dado que la compañía inglesa controlaba, desde la época porfirista, la zona de Poza Rica. No obstante este progreso paulatino, todavía tendrían que ocurrir otros acontecimientos antes de que Lázaro Cárdenas decretara la nacionalización de la industria petrolera.