lunes, 13 de febrero de 2012

La expropiación petrolera. I Los antecedentes


Como sabemos, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera. Este acontecimiento, trascendental en la historia de nuestro país, no constituyó un hecho aislado, fue la culminación de una serie de acciones y reformas a la legislación que los gobiernos posrevolucionarios realizaron para que México recuperara la soberanía sobre su riqueza natural y mineral.


Las concesiones petroleras

Durante la larga gestión porfirista, el gobierno mexicano, con el afán de incentivar la economía, otorgó todo tipo de facilidades a empresarios extranjeros para la explotación de los mantos petrolíferos descubiertos en el país. Excepto el impuesto del timbre, las empresas no realizaban ningún pago al gobierno por extraer el petróleo y exportarlo.

Según Berta Ulloa, la industria petrolera adquirió verdadera importancia económica a partir de 1910. Entre las varias empresas que se asentaron en el país destacaron dos: la compañía inglesa El Águila, dirigida por Weetman Pearson, y la corporación norteamericana Mexican Petroleum of Delaware, a cargo de Edward L. Doheny.

Aunque desde las postrimerías del régimen de Díaz hubo congresistas conscientes de la situación, fueron los gobiernos emanados de la Revolución quienes -conocedores del potencial económico que representaba el petróleo-  se dieron a la tarea de recuperar para México la riqueza del subsuelo nacional.

Los primeros pasos

Francisco I. Madero, en su breve periodo de gobierno, tuvo que enfrentar una verdadera crisis internacional al decretar, en 1912, un impuesto a la producción de petróleo crudo de tan sólo 20 centavos de peso -diez centavos de dólar- por tonelada extraída.

Venustiano Carranza, con la proclamación del Plan de Guadalupe, ya prometía revisar la legislación y reglamentar la explotación de "minas, petróleo, bosques y demás recursos del país..."

Las medidas que se tomaron durante el gobierno preconstitucional de Carranza fueron muy importantes: se creó la Comisión Técnica del Petróleo y se impuso un gravamen a las exportaciones petroleras -llamado "derecho de barra"- de 6.85 pesos en oro nacional por tonelada, que fue pagado bajo protesta por las compañías extranjeras.

El decreto constitucional

La culminación de la obra de Carranza quedó plasmada en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que declara que los depósitos petroleros son propiedad de la Nación.

A partir del decreto constitucional el conflicto entre el gobierno mexicano y las empresas se agudizó y en los siguientes doce años se discutió la cuestión de si la ley afectaba las concesiones otorgadas a las empresas antes de 1917.

Como quiera, el gobierno siguió dando pasos para recuperar el petróleo, en 1928 se realizó un acuerdo entre el presidente Calles y el embajador Morrow, que desembocó en una ley petrolera que reconocía el principio de la no retroactividad de la ley. Años después, en 1936, el Congreso mexicano aprobó una ley de expropiación por medio de la cual el gobierno podía nacionalizar cualquier tipo de propiedad.

Hacia 1937 la compañía inglesa de El Águila -con la desaprobación de las empresas norteamericanas- llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano para explotar unos yacimientos en la zona de Poza Rica. En el acuerdo se reconocía el derecho de la nación mexicana sobre todos los yacimientos de hidrocarburos y la compañía aceptaba pagar regalías a México hasta del 35% del valor de la producción.

Este fue, sin duda, un gran avance en la lucha del gobierno por reafirmar su control sobre el petróleo, dado que la compañía inglesa controlaba, desde la época porfirista, la zona de Poza Rica. No obstante este progreso paulatino, todavía tendrían que ocurrir otros acontecimientos antes de que Lázaro Cárdenas decretara la nacionalización de la industria petrolera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada