El choque definitivo del gobierno contra las compañías petroleras no surgió, como era de esperarse, por la disputa legal en torno a la propiedad del subsuelo, sino en un enfrentamiento entre las empresas y los obreros. El conflicto de las empresas petroleras con sus trabajadores, sin visos de solución, hizo necesaria la intervención del gobierno. El presidente Lázaro Cárdenas sería un elemento primordial en la resolución del problema.
Lázaro Cárdenas
Las demandas de los obreros
En busca de mejorar su situación laboral los sindicatos de obreros petroleros buscaron formar una agrupación única. Alentados por la política cardenista, en 1935, los principales líderes sindicales de las compañías petroleras se unieron para crear el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Apoyados por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pronto emprendieron la tarea de negociar un contrato colectivo de trabajo.
El sindicato pedía, además, un incremento salarial de 65 millones de pesos anuales. Las empresas negaron el aumento y el gobierno tuvo que intervenir para evitar una huelga, en mayo de 1937, por considerar que la posible falta de combustible afectaría la industria nacional.
Tratando de solucionar el problema, el gobierno ordenó la creación de una comisión que investigara la situación económica de las empresas para dictaminar si éstas podían o no satisfacer las demandas obreras. Era la primera vez que las autoridades mexicanas investigaban de tal manera a los consorcios extranjeros.
El informe emitido por la comisión constaba de 2700 cuartillas en las que se documentaba las consecuencias negativas de haber entregado el petróleo al capital extranjero. En cuanto al veredicto sobre el conflicto salarial se determinó que las empresas estaban en condiciones de otorgar un incremento mayor al que estaban ofreciendo, aunque menor a la demanda sindical.
Cárdenas y la expropiación petrolera
Para el 1 de marzo de 1938 el problema aún no se solucionaba, la Suprema Corte de la Nación dictaminó que las empresas debían acatar el veredicto de la comisión revisora. En franca rebeldía, las empresas se negaron a acatar las leyes mexicanas. Si el gobierno de Cárdenas no las obligaba a obedecer el prestigio y la credibilidad del gobierno quedarían en entredicho.
La idea de que la nación debía obtener beneficios por la explotación petrolera estaba extendida en el medio político de México. Por su parte, el presidente Cárdenas mantenía una actitud optimista acerca de las afectaciones que sufriría México en caso de proceder a la expropiación de los bienes petroleros. Atento a la situación internacional sabía que Estados Unidos no se atrevería a tomar medidas drásticas en caso de ver en peligro los intereses económicos de sus conciudadanos.
De última hora las empresas petroleras accedieron a obedecer el mandato del gobierno, pero el presidente ya no dio marcha atrás en su decisión. La noche del 18 de marzo las radiodifusoras interrumpieron su programación habitual para encadenarse con la transmisora oficial del gobierno.
En un mensaje dirigido a la nación entera el presidente Lázaro Cárdenas hizo saber que se expropiaban los bienes de las dieciséis empresas petroleras que se habían negado a acatar las leyes mexicanas. Esta era una decisión histórica que traería grandes beneficios para México, pero que en el corto plazo causaría una crisis entre México y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra.
