El problema de la propiedad de la tierra ha
sido, tal y como lo apuntó Andrés Molina Enríquez, en 1909, uno de los grandes
problemas nacionales. No podía ser de otro modo: durante el virreinato y el siglo
XIX la población mexicana, de indudable vocación rural, fue perdiendo
paulatinamente la propiedad de la tierra, quedando ésta en manos —debido a las
políticas gubernamentales— de un reducido número de latifundistas. Para el año
de 1910 el 97% de la tierra de uso agrícola estaba en poder de los hacendados y
los rancheros, el 2% era de pequeños propietarios y sólo el 1% pertenecía a los
pueblos.
La revolución mexicana
incorporó entre sus demandas la restitución de la tierra a sus dueños
originales, así se plasmó en las leyes agrarias del 6 de enero de 1915 y, dos
años después, en el artículo 27 de la Constitución. A continuación se ofrece
una síntesis de la manera en que los gobiernos posteriores a la revolución
manejaron el problema agrario.
Los
inicios del reparto agrario
La derrota del régimen porfirista no
significó la victoria automática de las demandas campesinas; entre 1915 y 1920 Venustiano
Carranza repartió apenas 132 mil hectáreas; su sucesor, Álvaro Obregón,
repartió algo más de un millón de hectáreas. Para 1924 la reforma agraria era una
cuestión todavía por resolver, pero era claro que el gobierno no tenía
intenciones de agilizarla.
El estado de Morelos,
corazón del zapatismo, fue la región más beneficiada; para el año de 1923, 115 de
los 150 pueblos del estado ya tenían dotaciones ejidales y para 1930 el 59% del
área cultivada de Morelos ya era ejido. Esta experiencia, repetida con menor
intensidad en Yucatán, no se hizo extensiva a todo el país, fue necesario que
los líderes de las diversas corrientes agraristas libraran una fuerte y
prolongada lucha al interior de los círculos revolucionarios para que sus
peticiones pudieran ser escuchadas.
Después el centro de la
lucha agraria se trasladó de Morelos hacia el estado más poblado, Veracruz, en
donde el gobernador, Adalberto Tejeda, fomentó el surgimiento de agrupaciones
de trabajadores urbanos y rurales. Al frente de esta campaña estaba un
dirigente obrero: Úrsulo Galván, quien se convirtió en el líder agrario más
importante de la zona. Los campesinos veracruzanos recibieron miles de
hectáreas ejidales, pero el radicalismo de Tejeda, junto con la posición
beligerante del agrarismo veracruzano le acarrearon la antipatía del gobierno federal,
el cual terminó con el poder del gobernador y con la buena época del agrarismo
en Veracruz.
A nivel nacional, el
presidente Plutarco Elías Calles entregó poco más de tres millones de
hectáreas, pero él tenía la idea de dar por terminado el reparto agrario y
fomentar la creación de una clase de pequeños propietarios que tuvieran acceso
a los créditos para modernizar el campo. Durante los años del Maximato la
reforma agraria se vio frenada; de hecho, el gobierno comenzó a fijar fechas
para dar por terminado el reparto; para septiembre de 1931 éste había concluido
en doce entidades federativas.
El
cardenismo: auge del agrarismo
El cardenismo representa la mejor época de la
reforma agraria. Desde un principio, Cárdenas dejó en claro que tenía la
intención de apartarse de las tendencias conservadoras de sus antecesores y de
reanudar el reparto agrario. En julio de 1935 decretó la creación de la
Confederación Nacional Campesina. Por diversos problemas, la confederación se
constituyó tres años después, pero llegó a convertirse en un organismo efectivo
tanto para promover el reparto de tierras como para canalizar el apoyo del
sector campesino hacia la figura presidencial. A partir de entonces la reforma
agraria no sólo consistió en acelerar el reparto sino que contempló también los
sistemas de irrigación y los créditos a los campesinos.
Lázaro Cárdenas creó ejidos
colectivos, el primero lo estableció en La Laguna, una región entre Coahuila y
Durango; en 1936 se decretó la expropiación de la tercera parte de la región
lagunera, algo así como 146 mil hectáreas. A esta expropiación siguieron otras
en Yucatán, y Michoacán. En total, durante el periodo se repartieron casi 18 millones
de hectáreas.
Gracias al empuje dado por
Cárdenas, entre 1915 y 1940 un millón y medio de familias que antes no poseían
tierras las recibieron. Esto significó que al final de este periodo casi la
mitad de todas las personas que se dedicaban a la agricultura poseían tierras,
ya sea privadas o ejidales.
Declive
y fin del reparto agrario
Los gobiernos que siguieron no continuaron
con la tendencia agrarista de Lázaro Cárdenas, más bien idearon formas para
limitar el ejido y fomentar el avance de la pequeña propiedad. Hacia 1940 la
propiedad comunal coexistía con la pequeña y con la gran propiedad. En 1949 se
introdujeron importantes reformas al Código Agrario en favor de la pequeña
propiedad, una de ellas fue la emisión de certificados de inafectabilidad que
impedían la conversión de algunas propiedades particulares en ejidos.
La CNC, que en un principio
fue una institución eficaz para la reforma agraria, se afianzó como órgano de
control político hacia las masas campesinas, entró en una etapa de
burocratización e institucionalización del campo mexicano. A pesar de todo
esto, la reforma agraria sostuvo la vitalidad de la economía campesina hasta el
año de 1965, a partir de ahí el campo comenzó a entrar en crisis. Durante el
sexenio de Luis Echeverría se intentó revitalizar el ejido como instrumento de
producción pero el burocratismo oficial dio al traste con este intento, el resultado
fue que el campesinado se empobreció aún más.
Finalmente, las políticas del gobierno se fueron alejando del proyecto agrarista, hasta que en el año de 1992 se modificó el artículo 27 constitucional y se declaró el fin de la reforma agraria. Según Arturo Warman, entre 1917 y 1992 se crearon 30 mil ejidos y comunidades, se repartieron un poco más de cien millones de hectáreas –que representan más de la mitad del territorio nacional— y se benefició a más de tres y medio millones de ejidatarios con sus respectivas familias.
