Se conoce como Imperio Mexicano, o Primer Imperio, al gobierno instaurado por Agustín de Iturbide luego de haber conseguido la independencia de México en 1821.
Agustín de Iturbide
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Gestación del Imperio Mexicano
Desde la proclamación del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, Iturbide proponía una forma de gobierno monárquica constitucional, como era usual en las naciones europeas. El plan contemplaba que el trono de México se ofreciera al monarca español Fernando VII o, en caso de no aceptar, a uno de sus hermanos.
En los Tratados de Córdoba, firmados entre Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú, último virrey de la Nueva España, se incluyó una cláusula que establecía que el trono de México podía ser ofrecido a alguien ajeno a cualquier casa imperial europea. Esto sólo sería en el caso de que ningún miembro de la familia de los Borbones aceptara la corona mexicana.
Después de entrar a la ciudad de México, al frente del ejército de las "Tres Garantías", el 27 de septiembre de 1821, Iturbide procedió a cumplir con los compromisos contraídos en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Se nombró la Junta Provisional Gubernativa, que a su vez designó una Regencia que se encargaría del poder ejecutivo hasta en tanto se designara a un monarca.
El camino para que Iturbide se convirtiera en emperador quedó abierto cuando, desde España, llegó la noticia de que se declaraban nulos los Tratados de Córdoba. España no reconocía la independencia de México y, por consecuencia, no aceptaba la corona. Esta noticia llegó unos días antes de la instauración del Congreso Constituyente.
Iturbide fue respectivamente presidente de la Junta Provisional Gubernativa y de la Regencia. Por su prestigio entre la milicia, y su popularidad ante las masas, era un candidato a gobernar el país, por lo que al recibirse la negativa española lo natural era su ascenso al trono del naciente imperio.
El 18 de mayo de 1822 -al parecer en un acto concertado- el sargento Pío Marcha exaltó a la tropa a proclamar monarca a Agustín de Iturbide, la acción fue secundada por el pueblo.
En una sesión del Congreso abarrotada por una exaltada multitud, los diputados ratificaron la proclamación y, el 21 de mayo, Agustín I fue coronado emperador del Imperio Mexicano.
La oposición a Iturbide
Antes de ser emperador, Iturbide gobernaba como regente, por lo que estaba consciente de los graves problemas económicos que padecía el país, las finanzas públicas estaban exhaustas, no se recaudaban suficientes impuestos y muchos capitales españoles habían emigrado.
En lo político las cosas no estaban mejor, aunque el Plan de Iguala unió a las clases altas criollas, a los jefes realistas e insurgentes, al alto clero y a los propietarios, no pugnó por realizar ningún cambio importante con respecto al régimen colonial. Al contrario, apoyaba la tradición ante los cambios que pretendían imponer miembros de la clase media que se estaban impregnando de ideas liberales y republicanas a través de la acción de las logias masónicas.
Esta situación favoreció el surgimiento de una fuerte oposición contra Iturbide. Desde antes de la instauración del Congreso ya existían varias facciones políticas que se hicieron evidentes al entrar éste en funciones el 24 de febrero de 1822.
Los congresistas se dividían en tres facciones: los partidarios de Iturbide o iturbidistas, los borbonistas, partidarios de la casa real española aun cuando ésta había rechazado enviar un monarca, y los republicanos, que tenían la esperanza de implantar un régimen republicano.
Caída del imperio
Entre noviembre de 1821 y marzo de 1823 hubo varios movimientos en contra de Agustín de Iturbide. A principios de 1822 ocurrió un intento de contrarrevolución, José Dávila, gobernador de los españoles refugiados en San Juan de Ulúa se rebeló, aunque fue derrotado por el general Anastasio Bustamante.
El Congreso también entró en conflicto con el régimen imperial. Temeroso de una conspiración de diputados borbonistas y republicanos, Iturbide encarceló a varios representantes y el 31 de octubre de 1822 emitió el decreto de disolución de la representación popular.
El golpe decisivo al imperio lo inició Antonio López de Santa Anna el 2 de diciembre de 1822. Se levantó en armas solicitando la reinstalación del Congreso y, además, desconociendo al emperador. El mariscal Echavarri, que fue enviado al frente de 3000 soldados imperiales para reducir a Santa Anna, pactó con los alzados y proclamó el Plan de Casa Mata el 1 de febrero de 1823.
El emperador fue perdiendo el apoyo de las provincias y, con la balanza a favor de la causa republicana, el Congreso fue reinstalado. En marzo de 1823 Iturbide se vio obligado a abdicar, el Congreso invalidó el nombramiento de emperador y derogó tanto el Plan de Iguala como los Tratados de Córdoba, terminando así el breve periodo imperial.
En Episodios de México encontrarás los hechos de nuestra historia tratados de manera concisa y veraz.
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viernes, 23 de marzo de 2012
jueves, 1 de marzo de 2012
La expropiación petrolera: III Efectos inmediatos
Las
represalias por la expropiación de la industria petrolera no se hicieron esperar. Las compañías petroleras y
el gobierno de los Estados Unidos emprendieron varias medidas, tanto
diplomáticas como económicas, para obligar a México a dar marcha atrás. No
obstante las presiones, el gobierno mexicano supo manejar la situación y las
compañías expropiadas terminarían por negociar la liquidación.
Posiciones encontradas
El gobierno de México argumentaba que la expropiación se había llevado a cabo dentro de la ley y que el país tenía la intención de indemnizar a los afectados. Según la ley de expropiación, promulgada en 1936, la liquidación a las empresas se llevaría a cabo en el plazo de diez años.
Dos puntos eran importantes: la compensación no podía incluir el combustible aún en el subsuelo ya que, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, el petróleo era propiedad de la nación desde 1917. Por otro lado, el pago de la deuda debería ser en especie, es decir, con exportaciones de petróleo, pues el país no contaba con divisas para hacer un pago en efectivo.
La posición de las empresas afectadas fue opuesta. En principio se negaron a reconocer la legalidad de la medida. En caso de que no se les restituyeran sus propiedades exigían una compensación inmediata y no en especie. Las empresas añadían que cualquier compensación debería incluir el petróleo del subsuelo. Como era de esperar, las empresas pidieron a sus gobiernos que no reconocieran la legalidad de la expropiación.
La posición del gobierno de los Estados Unidos fue un tanto contradictoria. El presidente Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar el petróleo. En cambio, el Departamento de Estado no aceptó el plazo de los diez años y asumió una postura más rígida. El embajador norteamericano, en México, era partidario de que las empresas aceptaran los términos de México para negociar, pues no era conveniente obstruir las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica a las puertas de un conflicto internacional de mayor envergadura.
Por su parte, el gobierno británico, envió una enérgica protesta al gobierno mexicano, situación que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
El boicot internacional
Posiciones encontradas
El gobierno de México argumentaba que la expropiación se había llevado a cabo dentro de la ley y que el país tenía la intención de indemnizar a los afectados. Según la ley de expropiación, promulgada en 1936, la liquidación a las empresas se llevaría a cabo en el plazo de diez años.
Dos puntos eran importantes: la compensación no podía incluir el combustible aún en el subsuelo ya que, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, el petróleo era propiedad de la nación desde 1917. Por otro lado, el pago de la deuda debería ser en especie, es decir, con exportaciones de petróleo, pues el país no contaba con divisas para hacer un pago en efectivo.
La posición de las empresas afectadas fue opuesta. En principio se negaron a reconocer la legalidad de la medida. En caso de que no se les restituyeran sus propiedades exigían una compensación inmediata y no en especie. Las empresas añadían que cualquier compensación debería incluir el petróleo del subsuelo. Como era de esperar, las empresas pidieron a sus gobiernos que no reconocieran la legalidad de la expropiación.
La posición del gobierno de los Estados Unidos fue un tanto contradictoria. El presidente Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar el petróleo. En cambio, el Departamento de Estado no aceptó el plazo de los diez años y asumió una postura más rígida. El embajador norteamericano, en México, era partidario de que las empresas aceptaran los términos de México para negociar, pues no era conveniente obstruir las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica a las puertas de un conflicto internacional de mayor envergadura.
Por su parte, el gobierno británico, envió una enérgica protesta al gobierno mexicano, situación que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
El boicot internacional
Desde el mismo mes de marzo de 1938, el gobierno de Washington presionó para que México llegara a un arreglo que beneficiara a las empresas. Las medidas que tomó el Departamento de Estado norteamericano fueron:
a. Se
trató de impedir que México adquiriera
insumos y refacciones para mantener la industria recién nacionalizada.
b. Se
estableció una campaña internacional para cerrar los mercados al petróleo
mexicano. Estas medidas fueron minimizadas porque hubo dos empresas
norteamericanas que aceptaron vender petróleo mexicano en Europa. Por breve
tiempo, Alemania e Italia compraron petróleo mexicano.
c. Estados
Unidos disminuyó la compra de plata mexicana en más del 50% a partir de 1938.
Si las ventas no se suspendieron en su totalidad fue porque los propietarios de
las minas mexicanas también eran norteamericanos.
d. Se
forzó a países del Caribe a dejar de comprar petróleo mexicano.
e. Se
impidió que el gobierno y empresas de México tuvieran acceso al capital
norteamericano, privado o público. Esta medida pretendía mantener
con pocos recursos al gobierno de Cárdenas.
La solución del conflicto petrolero
A pesar de las medidas de presión que padeció el país, el presidente Cárdenas no cedió en las negociaciones. Los visos de solución se dieron gracias a que el grupo norteamericano Sinclair –que representaba el 15% de la inversión petrolera expropiada- inició por su cuenta una negociación con el gobierno de México.
Para el 1 de mayo de 1940 se firmó el acuerdo entre el grupo Sinclair y el gobierno. México aceptaba pagar unos catorce millones de dólares que serían pagados a plazos, con parte en efectivo y parte en petróleo.
El arreglo final del conflicto con las empresas petroleras continuó hasta después del régimen cardenista, aunque en ese periodo se sentaron las bases para la resolución del conflicto.
Durante el gobierno de Ávila Camacho, tras largas negociaciones, se llegó al acuerdo de crear una comisión valuadora intergubernamental. En abril de 1942 la comisión entregó sus recomendaciones y el Departamento de Estado norteamericano instó a las empresas a aceptar la propuesta de pago de la comisión. La última empresa norteamericana en aceptar fue la Standard Oil, quien lo hizo hasta 1943. Con esto se dio por terminado el asunto de la expropiación petrolera